Gestión clínica: defender la sanidad pública
El pasado día 1 de
octubre se celebró la Jornada, organizada por FACME y SEDISA, ¿son viables los
proyectos de gestión clínica?, a la que acudimos unos cuantos convencidos de
que la gestión clínica, entendida como la transferencia de responsabilidad (y,
consecuentemente, de riesgo) en la gestión a los clínicos, no sólo es viable
sino que es necesaria. Durante la
jornada se identificaron algunos de los numerosos obstáculos para el desarrollo
de los proyectos en gestión clínica. En su brillante presentación, Carlos
Macaya expuso -desde la perspectiva de la profesión médica- tres tipos de
miedos: el temor a perder la condición laboral de personal estatutario, el
terror a las privatizaciones y el pavor al ahorro. Estando sujeta la “gestión
clínica” a un no-debate, es decir a un conjunto de descalificaciones y
afirmaciones escasamente (o en absoluto) fundamentadas, parece conveniente recordar la tesis de Acemeglu y Robinson sobre
¿Por qué fracasan los países? (Deusto, 2012) y su diferenciación entre
instituciones (las reglas que gobiernan y moldean la vida política y económica)
“extractivas” e “inclusivas”.
¿En qué consisten las
instituciones inclusivas, aquellas que contribuyen a la riqueza de las
naciones?. Las instituciones económicas inclusivas crean, según los mencionados
autores, los incentivos y oportunidades necesarias para promover la energía,
creatividad y el espíritu empresarial en la sociedad. Por el contrario, las instituciones
extractivas (extraer recursos de muchos para una minoría) no generan cambios
tecnológicos o innovaciones en un sentido más amplio, debido a la falta de
incentivos económicos y a la resistencia de las elites (algunos hablarían de
“la casta”). Existiendo en nuestro país los obscenos casos de corrupción que
inundan las portadas de los periódicos y salpican de desprestigio a la política
española, palidecen otros sistemas extractivos de poca monta (se puede hacer un
paralelismo con el fraude fiscal a gran escala y el del IVA “al menudeo”), como
los de aquellos que, diciendo defender los servicios públicos, mantienen que
deben mantener puesto y salario aquellos que no cumplen con su trabajo y/o lo
hacen con mala calidad (incluyendo, por ejemplo, el trato con los pacientes) en
iguales condiciones que aquellos otros que se esfuerzan por prestar un servicio
de alta calidad. Esta intrigante paradoja de los “defensores” de la sanidad
pública: atacar los incentivos para que el sistema funcione mejor, nos lleva a
preguntar por qué motivo defienden un sistema extractivo, así como a los tres
miedos expuestos por Carlos Macaya:
La fobia “privatizadora”
En mi experiencia sobre
proyectos de gestión clínica, en prácticamente ninguna ocasión (hay alguna
excepción) se ha planteado una “privatización” (la transferencia de los poderes
de decisión del sector público al privado). Los clínicos que han estado y están
involucrados en estos proyectos no quieren menor evaluación y control por parte
de las administraciones públicas, sino mayor, reclamando una mayor autonomía
para organizar la asistencia, seleccionar al personal más apropiado, innovar en
sus servicios y que el esfuerzo que supone para todo el personal involucrado,
medible en resultados de beneficios para la sociedad, pueda revertir en parte
en incentivos, no sólo salariales, sino también en formación, innovación y el
vínculo que debería haber entre ambas. Si existen (que los hay) riesgos de
“privatización”, regúlense, pero no se razone al revés. Se debe crear un marco
regulatorio (instituciones) que favorezcan la innovación, la eficiencia y la
calidad y que eviten los posibles riesgos de privatización, pero no mantener un
sistema basado en la norma-competencia-órgano y control que nada tiene que ver
con la gestión del conocimiento, y que no persigue como principales objetivos
la innovación, la eficiencia y la calidad. Por si alguien interpreta eficiencia
en términos economicistas, para la gestión clínica no existe eficiencia si no
se traduce en mejores resultados en salud y calidad de vida.
El terror a la pérdida de condición de estatutario
“Estatutario” en el
sistema sanitario público español equivale a “funcionario”. Se trata de una
anomalía absoluta en el concierto de los países de la Unión Europea, incluyendo
a los muy desarrollados sistemas del bienestar (socialdemócratas) de los países
nórdicos, así como el paradigma de servicio nacional de salud inglés, en donde
los “civil servants” de los servicios
públicos tienen un contrato de carácter laboral e, incluso -como los general practicioners en el sistema inglés-
de servicios. Partiendo de esta realidad, ningún proyecto de gestión clínica
-que yo conozca- obliga al personal comprendido en su ámbito a renunciar a su
carácter de funcionario para hacerse laboral, mientras que, por el contrario,
no parece sensata la posición de los “defensores” de la sanidad pública de
prohibir a aquellos profesionales que deseen que exista una mayor vinculación
entre lo que hacen y lo que perciben cambiar a una relación de carácter
laboral.
Jano, o la doble cara del ahorro
Aunque deba cambiar de
mitología, el “pavor” al ahorro tiene, como Jano, una doble cara. Por una parte
no es aceptable que se utilice la gestión clínica como instrumento para reducir
-como pretende el Programa de Estabilidad- el gasto sanitario público en su
porcentaje sobre el PIB, pues ya es muy bajo en comparación con otros países
con servicios nacionales de salud. La otra cara es que los “ahorros” que puedan
generar los proyectos de gestión clínica deben revertir al propio sistema
evitando, por tanto, reducir el gasto sanitario público, en forma de una más
rápida innovación tecnológica, mejor calidad en las prestaciones o ampliación
en la cartera de servicios, en otras palabras: en mejores servicios sanitarios
públicos para los ciudadanos. Por lo tanto, no hay que tener pavor al ahorro,
si se establece un compromiso de reinversión del mismo en el propio sistema
sanitario.
Impulsar proyectos de
gestión clínica “de verdad”, es decir en los que exista una verdadera
transferencia de responsabilidad a los clínicos, es una estrategia que deberían
apoyar todos aquellos que deseen el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Salud y garantizar su sostenibilidad. Conozco muchos clínicos preparados
deseando impulsar proyectos de gestión clínica, con una enorme ilusión y
respaldo de sus respectivos equipos. Corresponde a las administraciones
públicas darles la oportunidad, a las entidades científico-médicas apoyarles y
a ambos proporcionarles los instrumentos adecuados para que mayor eficiencia
equivalga a mejor salud.
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