Nacionalismo, patriotismo constitucional y Sistema Nacional de Salud
Por mi vida han galopado
todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el
hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he
visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de
masas: el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el
bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas nuestras pestes: el
nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea.
El mundo de ayer. Stefan Zweig (1881-1942). 1942
El 23 de febrero de 1981 una caterva de nacionalistas españolistas,
militares y civiles, se alzó contra la Constitución Española
justificando su asonada en unos valores esencialistas de la “nación
española” que supuestamente trascendían a La Ley. La respuesta de muchos
ciudadanos a esta intentona consistió en manifestaciones
multitudinarias que utilizaron la bandera española como imagen de
defensa de los derechos políticos, civiles y sociales que la
Constitución de 1978 ampara. Un grupo de médicos que trabajábamos en el
antiguo hospital Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria), y
que estábamos batallando contra la administración del INSALUD para
impulsar una reforma en profundidad de la sanidad española, no dudamos
en sumarnos a estas manifestaciones. Para nosotros no existía
contradicción en defender la Constitución y luchar contra el statu quo,
precisamente porque la recientemente aprobada Constitución amparaba
nuestros derechos para propugnar un cambio de las normas, entre otras
las que regulaban el funcionamiento del sistema sanitario público en
España. Fruto, entre otros elementos, del compromiso y la lucha de
muchos profesionales de la sanidad, la Ley General de 1986 creó el
Sistema Nacional de Salud.
Patriotismo constitucional
Años más tarde del 23F aprendí de Jürgen Habermas el concepto de
“patriotismo constitucional” que, esencialmente, contrapone la “nación
como comunidad étnico-cultural identificada con un destino común”
(ethnos) con una “nación de ciudadanos como titular de la soberanía
política” (demos) (Velasco JC. Patriotismo cultural y republicanismo. Claves 2002;125:33-40).
Frente a un patriotismo basado en la diferencia (cuando no supremacía)
étnica, cultural, etc., entre “ellos” y “nosotros” (los “verdaderos”
patriotas), el conjunto de derechos y garantías que ampara el concepto
de patriotismo constitucional es el elemento fundamental de adhesión de
los ciudadanos a un proyecto “constitucionalista”. El nacionalismo se
alimenta de la diferencia, mientras que el patriotismo constitucional se
nutre de la democracia. Es, por tanto, esperable que en una crisis como
la actual, con costes muy desigualmente repartidos, incluida la pérdida
de derechos especialmente en los estratos sociales más desfavorecidos,
la identificación ciudadana con el patriotismo constitucional se
reduzca, dejando espacio al crecimiento de movimientos “nacionalistas”
de todo tipo (“America First”, por poner un ejemplo fuera de España).
Sistema Nacional de Salud
El Sistema Nacional de Salud español es, aunque precisa reformas, no
sólo uno de los sistemas que mejor funciona en nuestro país, sino
probablemente el que mejor. Cuando se compara el desempeño del Sistema
Nacional de Salud con el de otros sistemas sanitarios de países
occidentales desarrollados, siempre se sitúa entre los mejores. Posición
que no ocupamos, por ejemplo, en relación con la educación, el empleo,
el funcionamiento de la justicia, la facilidad para constituir una
empresa o los niveles de corrupción.
El Sistema Nacional de Salud debería ser un instrumento esencial de
cohesión social e interterritorial y un activo valioso para reforzar el
patriotismo constitucional. Sin embargo, recibe un limitado interés de
la política estatal y los instrumentos de cohesión interterritorial del
Sistema Nacional de Salud son notablemente más débiles que el de otros
países con sistemas sanitarios descentralizados. (El Informe de un
Comité de Expertos que dirigí para el Ministerio de Sanidad sobre
Cohesión Sanitaria en Europa duerme inédito desde 2007).
No se trata de forzar el desarrollo de instrumentos de cohesión
porque sean útiles para evitar que “el Estado” (término utilizado
incorrectamente para referirse a la Administración Central), se
convierta únicamente en el recaudador de impuestos, policía interior y
relaciones exteriores (funciones necesarias, pero poco estimulantes
para la adhesión ciudadana), sino porque, como demuestran tanto las
experiencias de otros países como nuestra realidad, su existencia
añadiría valor a la suma de los 17 Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas. Tampoco se trataría, como muchas veces se lee, de un
planteamiento jacobino, sino de responder si las diferencias
interterritoriales existentes en salud y en calidad asistencial son un
problema. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, las
desigualdades interterritoriales deberían ser atendidas de forma
cooperativa por las Comunidades Autónomas y la Administración Central.
Instrumentos de cohesión
La evidencia disponible (entre otras fuentes, de los proyectos RECAL
desarrollados por algunas sociedades científicas) señala que hay
notables diferencias en resultados de salud, calidad asistencial,
eficiencia en la utilización de recursos, satisfacción ciudadana con el
sistema sanitario público, etc. entre Comunidades Autónomas. Sería una
actitud inteligente de los defensores del patriotismo constitucional
(incluidos los responsables políticos sanitarios en las Comunidades
Autónomas) prestar una mayor atención al Sistema Nacional de Salud y
reforzar sus instrumentos de cohesión.
En la recientemente celebrada IV Jornada de Gestión Clínica de FACME,
celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad, los partidos políticos
con implantación nacional se comprometieron, con la colaboración de las
sociedades científicas, en el desarrollo de un observatorio de
resultados del Sistema Nacional de Salud, que permitiera identificar
diferencias en resultados en salud de los respectivos Servicios de Salud
y proponer acciones para su corrección. Sería un paso en la buena
dirección para fortalecer en España el Estado de Derecho y favorecer un
patriotismo constitucional bien entendido.
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